La situación de vulnerabilidad de los niños y adolescentes ha comenzado a verse no sólo como una cuestión de pobreza, exclusión o marginalidad, sino también como una cuestión de seguridad.

En el complejo escenario actual conviven:

• Falta de cumplimiento en la aplicación de la Ley.
• Desatención de los niños y adolescentes que delinquen en cuanto a los circuitos que favorecen su reinserción en la familia y la sociedad.
• Permanente judicialización de los casos con la consecuente pérdida para los niños y adolescentes de sus derechos a gozar de la protección integral.
• Acentuación de la vulnerabilidad y de la pérdida de valores.
• Desconocimiento del espíritu de la Ley 6.354.
• Desinformación en la sociedad sobre la magnitud del daño que sufren los niños y adolescentes cuando se los trata del igual manera que un delincuente adulto.
• Incapacidad, por parte de la familia, la comunidad y el Estado, de asumir la corresponsabilidad de contener adecuadamente a niños y adolescentes en situación de riesgo.

• Pactos Internacionales
• Derechos Humanos
• Políticas públicas
• Políticas sociales básicas
• Salud Mental infanto -juvenil
• Trabajo infantil
• Responsabilidad penal juvenil
• Controles de gestión efectivos

• Promover la inclusión social de adolescentes a la cidadanía.
• Sistematizar el acceso familiar de inclusión social y los demás derechos sociales y culturales.
• Generar “un espacio social público” de carácter interinstitucional con mecanismos de monitoreo para el cumplimiento de pactos de derechos económicos, sociales y culturales.

• Garantizar su pleno goce y velar por su aplicación.
• Releer y resignificar su teoría y práctica desde una perspectiva integral.
• Rever y ajustar las prácticas judiciales para brindar una garantía efectiva de los derechos, en el marco de la protección integral.

• Diseñar una política de Estado para la infancia y adolescencia, con efectiva participación de la sociedad civil y de los actores involucrados.
• Restaurar y afianzar las atribuciones del Consejo Provincial de Niñez, en su rol de asesor del Poder Ejecutivo Provincial, para la formulación de políticas de infancia,exigiendo el cumplimiento del Decreto 1644.
• Instar y promover procesos decisionales en red.

• Promover la adquisición de competencias cívicas.
• Alentar la construcción de una conciencia social sobre la necesidad de atender y contener grupos estructuralmente vulnerables
• Proponer modificaciones en aspectos sustanciales y procesales incluyendo mecanismos de seguimiento a la Ley 6672 sobre violencia familiar.
• Incluir en la salud pública provincial la atención de la salud mental infantil y juvenil.

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